Decenas de bosquimanos de Botsuana amenazados con la expulsión,
según parece por vivir en un área propuesta como “corredor de vida
salvaje”, han logrado una significativa victoria judicial en su lucha
por permanecer en su tierra.
Desde que se propuso un corredor de vida salvaje
entre la Reserva de Caza del Kalahari Central y el Parque
Transfronterizo Kgalagadi, las autoridades locales y nacionales han
presionado a los bosquimanos de la comunidad de Ranyane para que
abandonen sus tierras.
El proyecto del corredor fue promocionado por la organización
estadounidense Conservation International (CI), en cuya Junta Directiva
se encuentra Ian Khama, el presidente de Botsuana.
Camiones llegan a Ranyane para desalojar a los bosquimanos.
Pero los bosquimanos no suponen ninguna amenaza para la vida salvaje
con la que han convivido de forma sostenible durante siglos, y muchos
piensan que el objetivo de la expulsión es, de hecho, beneficiar a los
ganaderos locales.
El mes pasado el consejo local dijo a los residentes que serían expulsados en solo cuatro días y envió camiones y a agentes de la policía al asentamiento para intimidarlos. Los bosquimanos llevaron el caso a juicio, y obtuvieron una orden judicial temporal contra su desalojo.
Hoy, en una nueva vista, el tribunal ha sentenciado que ningún
trabajador del Gobierno puede entrar en las instalaciones de los
bosquimanos sin su consentimiento, que su pozo de agua no puede ser
desmantelado sin aviso y que se debe notificar con antelación a los
abogados de los bosquimanos cualquier intento de reubicarlos.
El tribunal también ha ordenado al Gobierno que asuma los costes en los que han incurrido los bosquimanos.
Trabajadores gubernamentales y agentes de policía en Ranyane presionaron a los residentes para ser realojados.
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