El sector encargado de gestionar los residuos peligrosos —desechos como aceite de vehículos, gases de electrodomésticos o productos industriales— contabiliza un descenso de un 40% en su actividad en los últimos cuatro años. La caída se atribuye, además de al freno de la labor industrial, a una vuelta a la picaresca que tarde o temprano pasará factura ambiental. Se están produciendo suplantaciones de identidad para recoger en los talleres aceites usados de vehículos, una media de tres robos semanales en los puntos limpios de los municipios o mezclas de residuos industriales con arena para evitar su reciclaje y ahorrarse unos euros.
Entre los casos más alarmantes se encuentra la llegada a las plantas de reciclaje de frigoríficos sin compresor, que se extrae sin ninguna precaución y libera directamente a la atmósfera gases refrigerantes, con alto potencial de efecto invernadero y con capacidad de dañar la capa de ozono.
Un residuo pasa a ser peligroso cuando puede poner en riesgo la salud de las personas o el medio ambiente. Su gestión está regulada por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2011, que establece sanciones.
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